La Conferencia Episcopal Española (CEE) saca pecho y este martes anunció a bombo y platillo que en 2010 más contribuyentes escogieron su casilla en la declaración de la Renta.
Según los datos aportados por el secretario general y portavoz de la CEE, Juan Antonio Martínez Camino, la Iglesia recibió casi 250 millones de euros gracias a que 7.260.138 ciudadanos marcaron su casilla en la declaración de la Renta. Esto significa que casi 66.000 contribuyentes más que en el ejercicio anterior escogieron ceder el 0,7% de sus impuestos a los obispos antes que a las ONGs.
No es nuevo: los obispos presumen de que en los últimos tres años se ha producido un aumento de declaraciones a favor de la Iglesia católica de 777.983, hasta llegar al actual 34,75% del total. Un número que podría ser mayor: según el vicesecretario para Asuntos Económicos de la CEE, Fernando Giménez Barriocanal, "muchos de los españoles que marcaban la casilla de la Iglesia no han presentado la declaración" debido a la crisis.
Sin embargo, no todo es de color de rosa: pese al incremento en el número de contribuyentes, la recaudación total de 2010 ha sido de 3.225.724 euros menos que el año anterior.
Lo verdaderamente importante para Camino es que el aumento en el número de personas que han decidido asignar a favor de la Iglesia, en una coyuntura compleja, "muestra que la percepción real que la sociedad tiene de la Iglesia es positiva".
Y todo se debe a los "esperanzadores" resultados de las campañas de publicidad. Así que la organización seguirá realizando un esfuerzo por informar acerca de la labor de la Iglesia y a animar a que sigan siendo cada vez más quienes marquen la X en su declaración a favor de la Iglesia.
"Marcar la casilla no cuesta nada y, sin embargo, rinde mucho", apuntó Martínez Camino, quien recordó que a la labor religiosa y espiritual de la Iglesia, se une la labor social que desarrolla en especial en educación, sanidad y atención a los más débiles.
"Con poco dinero la Iglesia sigue haciendo mucho por tantos que todavía necesitan tanto", resumió el portavoz de la CEE.
Según los datos aportados por el secretario general y portavoz de la CEE, Juan Antonio Martínez Camino, la Iglesia recibió casi 250 millones de euros gracias a que 7.260.138 ciudadanos marcaron su casilla en la declaración de la Renta. Esto significa que casi 66.000 contribuyentes más que en el ejercicio anterior escogieron ceder el 0,7% de sus impuestos a los obispos antes que a las ONGs.
No es nuevo: los obispos presumen de que en los últimos tres años se ha producido un aumento de declaraciones a favor de la Iglesia católica de 777.983, hasta llegar al actual 34,75% del total. Un número que podría ser mayor: según el vicesecretario para Asuntos Económicos de la CEE, Fernando Giménez Barriocanal, "muchos de los españoles que marcaban la casilla de la Iglesia no han presentado la declaración" debido a la crisis.
Sin embargo, no todo es de color de rosa: pese al incremento en el número de contribuyentes, la recaudación total de 2010 ha sido de 3.225.724 euros menos que el año anterior.
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Pero eso poco importa: 250 millones sigue siendo mucho dinero. Un cantidad que "permitirá mantener el sostenimiento de las actividades básicas de la Iglesia en niveles de eficiencia y austeridad semejantes a los que han venido siendo habituales hasta ahora", afirmó Camino.Lo verdaderamente importante para Camino es que el aumento en el número de personas que han decidido asignar a favor de la Iglesia, en una coyuntura compleja, "muestra que la percepción real que la sociedad tiene de la Iglesia es positiva".
Y todo se debe a los "esperanzadores" resultados de las campañas de publicidad. Así que la organización seguirá realizando un esfuerzo por informar acerca de la labor de la Iglesia y a animar a que sigan siendo cada vez más quienes marquen la X en su declaración a favor de la Iglesia.
"Marcar la casilla no cuesta nada y, sin embargo, rinde mucho", apuntó Martínez Camino, quien recordó que a la labor religiosa y espiritual de la Iglesia, se une la labor social que desarrolla en especial en educación, sanidad y atención a los más débiles.
"Con poco dinero la Iglesia sigue haciendo mucho por tantos que todavía necesitan tanto", resumió el portavoz de la CEE.
El modelo "inconstitucional" de la Iglesia en España
El Estado pagará este año entre 250 y 280 millones de euros a la Iglesia católica a través del IRPF, entre 10 y 20 más que en 2009. Son los cálculos del catedrático de Derecho Público Alejandro Torres, de la Universidad Pública de Navarra, que denuncia en un estudio que este sistema de financiación directa basado en la asignación de un porcentaje del IRPF es "manifiestamente inconstitucional".
El autor del informe La financiación de las religiones en el espacio europeo recuerda que la financiación de la Iglesia en España "aminora la recaudación del Estado" e insiste en que no se puede equiparar el derecho a la libertad religiosa al derecho de prestación: "El fenómeno religioso no es un servicio público, así que son los fieles los que deben contribuir a pagarlo, no el Estado".
El paradigma es Francia, donde el Estado no sustenta mediante ayudas directas ningún culto porque se declara "incompetente para tomar parte y poder elegir entre unas u otras creencias filosóficas". La única cooperación económica del Estado con las confesiones religiosas consiste en "permitir una reducida deducibilidad de las donaciones realizadas a las confesiones en el Impuesto de la Renta y de Sociedades", apunta Torres.
En Reino Unido y en Irlanda la Iglesia tampoco tiene dotación presupuestaria estatal alguna. El Gobierno sólo destina fondos públicos al "mantenimiento y conservación de los edificios de interés artístico en manos de las autoridades eclesiásticas". Aun así, se estima que en torno al 90% de estos gastos "corren a cargo de las propias iglesias", reza el estudio.
De todos modos, son pocos los países europeos cuyos estados no financian la Iglesia. La diferencia con España es que en Alemania, Austria, Dinamarca, Suecia o Finlandia, el dinero se ingresa mediante un impuesto eclesiástico ad hoc, que no aminora los ingresos del Estado.
Torres recuerda que en el Acuerdo de Asuntos Económicos, firmado en 1979, el Estado español asume el compromiso de colaborar con la Iglesia en la "consecución de su autofinanciación". El problema es que no fija un plazo para ese objetivo, a diferencia de Holanda, por ejemplo, que en 1984 se propuso acabar con la financiación directa de la Iglesia en 20 años y lo logró.
Prolongar sine die la financiación directa del Estado significa que la Iglesia "seguirá dependiendo de los Presupuestos Generales". Torres denuncia "la desidia de los políticos" a la hora de recordar a la Iglesia su compromiso de autofinanciación, pero entiende que "coger este toro por los cuernos puede ser una forma segura de perder unas elecciones".
El autor del informe La financiación de las religiones en el espacio europeo recuerda que la financiación de la Iglesia en España "aminora la recaudación del Estado" e insiste en que no se puede equiparar el derecho a la libertad religiosa al derecho de prestación: "El fenómeno religioso no es un servicio público, así que son los fieles los que deben contribuir a pagarlo, no el Estado".
Francia, Reino Unido e Irlanda no costean los gastos de la Iglesia
Según los cálculos de Torres, si cada católico practicante (hay ocho millones en España en teoría) pagara 30 euros anuales costearía el gasto que supone la Iglesia al erario público. "La Administración tributaria del Estado no debe estar al servicio de las confesiones religiosas", insiste Torres, que en su estudio, presentado recientemente en Madrid, explica cómo varios países han alcanzado ese reto. El paradigma es Francia, donde el Estado no sustenta mediante ayudas directas ningún culto porque se declara "incompetente para tomar parte y poder elegir entre unas u otras creencias filosóficas". La única cooperación económica del Estado con las confesiones religiosas consiste en "permitir una reducida deducibilidad de las donaciones realizadas a las confesiones en el Impuesto de la Renta y de Sociedades", apunta Torres.
El modelo francés
España pagará este año 250 millones a la Conferencia Episcopal
A diferencia del caso español, el modelo de Francia "es plenamente respetuoso con el principio de laicidad del Estado", insiste Torres, quien recuerda que el artículo 16.3 de la Constitución Española señala que "ninguna confesión tendrá carácter estatal". En Reino Unido y en Irlanda la Iglesia tampoco tiene dotación presupuestaria estatal alguna. El Gobierno sólo destina fondos públicos al "mantenimiento y conservación de los edificios de interés artístico en manos de las autoridades eclesiásticas". Aun así, se estima que en torno al 90% de estos gastos "corren a cargo de las propias iglesias", reza el estudio.
De todos modos, son pocos los países europeos cuyos estados no financian la Iglesia. La diferencia con España es que en Alemania, Austria, Dinamarca, Suecia o Finlandia, el dinero se ingresa mediante un impuesto eclesiástico ad hoc, que no aminora los ingresos del Estado.
Torres recuerda que en el Acuerdo de Asuntos Económicos, firmado en 1979, el Estado español asume el compromiso de colaborar con la Iglesia en la "consecución de su autofinanciación". El problema es que no fija un plazo para ese objetivo, a diferencia de Holanda, por ejemplo, que en 1984 se propuso acabar con la financiación directa de la Iglesia en 20 años y lo logró.
Prolongar sine die la financiación directa del Estado significa que la Iglesia "seguirá dependiendo de los Presupuestos Generales". Torres denuncia "la desidia de los políticos" a la hora de recordar a la Iglesia su compromiso de autofinanciación, pero entiende que "coger este toro por los cuernos puede ser una forma segura de perder unas elecciones".
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